La Directiva Europea sobre trabajadores desplazados: desafíos y oportunidades para la gestión de riesgos

La movilidad internacional de trabajadores es una herramienta clave para las empresas, ya que facilita el desarrollo de los empleados, la conciliación de circunstancias personales o el reconocimiento al talento destacado. En este contexto, la posibilidad de trabajar temporalmente en otros países de la Unión Europea además se presenta como un recurso valioso para empresas que buscan fortalecer su competitividad y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral, por ejemplo cuando una empresa envía a un trabajador a otro país de la UE para prestar servicios a un socio comercial o a una filial.

Con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos laborales y promover la libre circulación de personas, la Unión Europea ha establecido un marco normativo que impone obligaciones claras a las empresas. La Directiva (UE) 2018/957 se erige como el pilar central de estas medidas, diseñadas para prevenir el «dumping» laboral y asegurar condiciones laborales justas en todo el territorio europeo.

Pero la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, marcó un hito en la regulación del desplazamiento temporal de trabajadores en el ámbito de la Unión Europea (UE). Este decreto transpone la Directiva (UE) 2018/957, estableciendo un marco que equilibra la protección de los derechos de los trabajadores con el cumplimiento de las legislaciones internas de los países de acogida.

La Directiva amplía el concepto de «trabajador desplazado» para incluir a aquellos empleados enviados temporalmente a otro Estado miembro en el marco de un contrato de servicios, un desplazamiento intragrupo o una asignación a través de empresas de trabajo temporal. Pero también excluye a los trabajadores que no prestan servicios en el destino, como los asistentes a conferencias o reuniones, quienes no están cubiertos por los requisitos administrativos ni por las medidas de control de la Directiva.

Condiciones laborales aplicables y requisitos para las empresas

Entre las principales novedades de la normativa destaca la aplicación de condiciones laborales y salariales más favorables para los trabajadores desplazados, dependiendo de la duración del desplazamiento. En los casos de desplazamientos inferiores a doce meses, se deben cumplir las condiciones de trabajo del Estado de destino en aspectos como la remuneración, que incluye todos los elementos obligatorios según la normativa local, y las condiciones de alojamiento y compensación por gastos de viaje, alojamiento y manutención. Para desplazamientos superiores a doce meses, se aplican todas las condiciones laborales del destino, salvo las relativas a la celebración y resolución del contrato y los regímenes complementarios de jubilación.

Además, la Directiva introduce requisitos formales para las empresas que desplazan trabajadores, debiendo notificar el desplazamiento a las autoridades laborales del país de acogida y a las instituciones de seguridad social del país de origen antes de que comience dicho desplazamiento. 

En España, la notificación a la autoridad laboral se realiza por medios electrónicos y es obligatoria, salvo en casos de desplazamientos de menos de ocho días, siempre que la empresa no sea de trabajo temporal. Por otro lado, para mantener a los trabajadores bajo la legislación de seguridad social española, las empresas deben cumplir con requisitos como tener un contrato vigente con el trabajador, realizar la solicitud con antelación mediante el modelo TA.300 y garantizar que la duración del desplazamiento no exceda de veinticuatro meses ni implique la sustitución de otro trabajador.

Transparencia y acceso a la información

La trasposición de la directiva ha resultado en 27 normativas distintas, cada una en su idioma correspondiente, con diferencias en cuanto a temporalidad, salarios mínimos y obligaciones de registro y comunicación. Esto crea un panorama regulatorio complejo que las empresas deben navegar cuidadosamente.

Por eso, la implementación de esta Directiva también obliga a los Estados miembros a crear sitios web nacionales que proporcionen información clara sobre las condiciones laborales aplicables a los trabajadores desplazados, facilitando el acceso a datos clave para empleadores y empleados, promoviendo una mayor transparencia y cumplimiento normativo.

En resumen, la normativa europea sobre trabajadores desplazados representa un esfuerzo por armonizar las condiciones laborales en el marco de la libre prestación de servicios dentro de la UE. Las empresas deben adaptarse a estos cambios no solo para evitar sanciones, sino también para asegurar un trato equitativo a sus trabajadores desplazados, lo que refuerza su compromiso con la responsabilidad corporativa y la competitividad en el mercado europeo.

El impacto de la Directiva Europea desde la perspectiva aseguradora

Desde el punto de vista del ámbito de los seguros, la Directiva (UE) 2018/957 introduce un conjunto de retos significativos para las empresas que desplazan trabajadores temporalmente dentro de la Unión Europea. Y, sin duda, uno de los principales es el incumplimiento de las obligaciones regulatorias impuestas por esta normativa. 

Por ejemplo, la necesidad de notificar los desplazamientos tanto a las autoridades laborales del país de acogida como a las instituciones de seguridad social del país de origen exige un sistema riguroso de gestión documental, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas severas que pueden oscilar entre 3.000 y 50.000 euros por viaje, y en algunos países, como Bélgica, incluso pueden implicar penas criminales bajo ciertas circunstancias.

Para apoyar a sus clientes en el cumplimiento de estas obligaciones, las compañías aseguradoras ya ha desarrollado herramientas y plataformas que permiten a las empresas gestionar de manera eficiente las exigencias normativas relacionadas con el desplazamiento temporal de trabajadores, ofreciendo una solución integral para la notificación de desplazamientos, el seguimiento del cumplimiento y el acceso a información clave sobre las condiciones laborales aplicables en cada país de la Unión Europea. Con esta innovación, las aseguradoras no solo facilita la adaptación a la normativa, sino que también minimiza los riesgos asociados, asegurando un proceso transparente y efectivo.

Riesgos financieros y operativos

Aparte de la farragosa gestión documental de los desplazamientos, la armonización de las condiciones salariales entre los trabajadores desplazados y los empleados locales también puede aumentar significativamente los costes operativos de las empresas. En particular, la obligación de igualar la remuneración, incluidos los elementos constitutivos establecidos por convenios colectivos locales, puede suponer un gasto adicional no planificado para las organizaciones que operan en países con salarios más elevados.

Además, los gastos derivados del alojamiento y los reembolsos por viajes y manutención incrementan el presupuesto necesario para cada desplazamiento. La planificación financiera es, por tanto, un elemento crítico para mitigar este tipo de riesgos y es recomendable la creación de un fondo específico para cubrir los costes asociados al cumplimiento normativo y la implementación de mecanismos de control presupuestario que permitan anticipar el impacto financiero.

Riesgos laborales y de responsabilidad civil

Las empresas también se enfrentan a riesgos relacionados con posibles reclamaciones laborales por parte de los trabajadores desplazados, especialmente si perciben desigualdades o incumplimientos en las condiciones de trabajo prometidas. Esto incluye disputas sobre remuneración, condiciones de alojamiento o el pago de gastos. Además, en sectores como la construcción, la normativa establece una responsabilidad solidaria para el contratista principal en caso de incumplimientos por parte de subcontratistas, lo que agrava el nivel de exposición.

Desde la perspectiva del seguro, esto subraya la importancia de contar con coberturas adecuadas, como seguros de responsabilidad civil que pueden necesitar ampliarse para cubrir posibles sanciones por incumplimiento de la directiva, que protejan a la empresa frente a reclamaciones laborales o garantías de cumplimiento que respalden las condiciones contractuales.

Pero el incumplimiento de la Directiva no solo puede generar sanciones económicas, sino también un impacto reputacional que puede comprometer la confianza de clientes, socios comerciales y empleados. Para las empresas internacionales, este daño reputacional puede tener repercusiones duraderas en la percepción del mercado y las relaciones comerciales.

En términos operativos, los retrasos en la notificación de desplazamientos o la falta de cumplimiento con los requisitos de seguridad social también pueden interrumpir proyectos y afectar los plazos de entrega, lo que resalta la necesidad de procesos eficientes y automatizados que permitan cumplir con la normativa sin generar demoras operativas.

Soluciones aseguradoras y de mitigación

Las aseguradoras desempeñan un papel fundamental en la mitigación de estos riesgos asociados al desplazamiento de trabajadores. Entre las soluciones destacadas se encuentran los mencionados seguros de responsabilidad civil, que cubren las posibles reclamaciones por incumplimientos normativos o disputas laborales, seguros de viaje de negocios, que podrían requerir modificaciones para incluir cobertura relacionada con el cumplimiento de la directiva, o los seguros de salud internacional, que garantizan el acceso a servicios médicos en el país de destino.

Asimismo, las empresas pueden beneficiarse de servicios de consultoría en gestión de riesgos que analicen los procesos actuales, identifiquen brechas de cumplimiento y propongan medidas correctivas. Las herramientas tecnológicas también juegan un rol clave, permitiendo centralizar la información, automatizar los procesos de notificación y asegurar un cumplimiento normativo óptimo.

Para los gestores de riesgos de las empresas aseguradoras, la Directiva (UE) 2018/957 representa un desafío complejo que requiere un enfoque estratégico y multidisciplinar. La adaptación a este nuevo marco normativo no solo implica el cumplimiento de las obligaciones legales, sino también la implementación de medidas proactivas que minimicen los riesgos financieros, laborales y reputacionales. Con un uso eficaz de las herramientas aseguradoras y tecnológicas disponibles, las empresas sin duda pueden transformar estos retos en oportunidades para fortalecer sus prácticas de cumplimiento y consolidar su posicionamiento en el mercado europeo.